Entrevista al Dr. Luciano Merini: "La Conflictividad Ambiental en la Justicia"

El Dr. Merini, científico del CONICET y Jefe de la Agencia de Investigación Científica del Ministerio Público Fiscal de la provincia de La Pampa, contó que la conferencia es en relación a una invitación especial del CONICET en el contexto de articulación de Ciencia y Justicia por medio de un programa nacional, en la cual  trató específicamente sobre la temática ambiental.

También detalló que la semana pasada tuvo lugar el primer encuentro entre ciencia, política y ambiente, en la sede del Conicet en la ciudad de Buenos Aires. De ese encuentro participaron el Consejo de Procuradores, Jufejus, Reflejar, y todas las instituciones judiciales con las que normalmente articulan tareas.

“Voy a hablar respecto a este encuentro. Dentro de eso, voy a abordar el proceso pericial ambiental, y voy a tratar de plantear cuál es el escenario en este 2022 en la agenda ambiental para el programa de Ciencia y Justicia, y cuál es la agenda común que hemos consensuado, donde hablamos de calidad, de lenguaje claro, de verificadores, de generaciones futuras, de pericias ambientales y de bioindicadores. Esta es la agenda común sobre lo que vamos a trabajar en el 2023”.

En diálogo con el periodico judicial San Luis, el Dr. Merini respondió a una serie de interrogantes:

¿Cuándo empezó a tener relevancia la cuestión medioambiental en la justicia?

La justicia ya tiene un recorrido heterogéneo, porque quedó plasmado en esta reunión que regiones o provincias que tienen un desarrollo en lo ambiental. Algunas provincias tienen fiscalías dedicadas al tema, hay fiscalías multifuero, que trabajan en la cuestión medioambiental de manera integral. Hay jueces y fiscales ambientales en distintas provincias que abarcan temáticas muy distintas, como el desmonte, el cuidado del agua, agroquímicos, hidrocarburos, maltrato animal. Cada zona tiene su desarrollo propio, y otras provincias son más incipientes en el tema, entonces nuestra colaboración va un poco por ahí, en tratar de articular estás cuestiones y llevar nuestra experiencia a otras jurisdicciones.

Conicet siempre está dispuesto a brindar sus servicios, sus capacidades técnicas y conocimientos para fortalecer la labor del Poder Judicial. De manera que el programa tiene varios años, arranca en el 2015, pero ya en este año la temática ambiental se constituye en agenda.

¿San Luis en qué lugar se encuentra posicionada?
Entiendo que San Luis precisamente tiene algunas cosas hechas pero creo también que están en una transición en su sistema judicial, pasando de lo inquisitivo a lo acusatorio. Entonces esto es una reforma estructural profunda en la que si bien ya tiene en la temática alguna cartera hecha, deberá encontrar su nuevo rumbo. El Centro Científico Tecnológico, Conicet de San Luis ya tiene una estrecha relación con el Poder Judicial para las prestaciones, el asesoramiento, la realización de pericias. Entonces ya hay un vínculo estrecho y bastante consolidado en San Luis.

¿Qué apreciaciones tiene sobre las problemáticas medioambientales en San Luis?
No conozco en profundidad la agenda de San Luis. Pero entiendo por lo que hemos compartido con colegas de acá, la capacitación que se lleva adelante respecto a la Ley Yolanda. Entiendo que hay unas cuestiones de cambio climático que son interesantes en relación a los bosques, los cuidados del agua. Digamos que hay una mirada puesta en eso que tiene que ver con los sistemas productivos. Creo que más allá de cuestiones de agenda internacional que son transversales a la gestión del ambiente, la conflictividades regionales tienen que ver con la crisis de los sistemas productivos; de evolucionar hacia sistemas sustentables, que hagan un uso racional de la energía, economías circulares, modelos que aseguran un futuro mejor de lo que se viene proyectando.

San Luis está en emergencia hídrica, ¿Cómo se puede resolver eso?
Hay cuestiones que exceden al ámbito provincial, que están sucediendo a escala global. De todas maneras los esfuerzos regionales, locales, son muy importantes para poder preservar los recursos.

¿Cómo se combate el delito ambiental?
La nueva agenda apunta a no perseguir directamente el delito ambiental, sino resolver la conflictividad ambiental, la justicia ambiental cobra otra dimensión. Ahí es donde nosotros jugamos un rol más activo, porque desde los organismos de ciencia proponemos modelos más complejos de abordaje de problemáticas ambientales y abordarlo con lo social. Nosotros tenemos modelos de capacitaciones no solo personal sino en la comunicación de la ciencia, porque esto tiene que permear en la sociedad. Porque esto digamos que no es algo que lo vaya a resolver la justicia por sí sola. La justicia tiene un rol muy importante en combatir la conflictividad, pero los demás aspectos tienen que ser gestionados para preservar el recurso.

¿Cómo se sanciona un delito ambiental?
En el artículo 41 de la Constitución Nacional, se refiere a la restauración ambiental. Digamos que siempre debe promoverse en restaurar el estado de las cosas idealmente a su estado anterior y sino rehabilitarlo para una funcionalidad ecosistémica. De manera que la última sanción, es la económica. Siempre se pretende que esa sanción desaliente cualquier tipo de prácticas que dañen el ambiente para que no sea rentable, y pagar una multa. Eventualmente algunos delitos vinculados al fuero penal pueden tener otro tipo de sanciones, pero en el daño ambiental, que es lo que atañe a la justicia civil, o contencioso, siempre la restauración es el punto de partida.